martes, 13 de noviembre de 2018

ACCIONES DE DEFENSA


UNIDAD 6: PROCESO Y CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tema 3

Las Acciones de Defensa en la CPE

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, contiene 15 artículos relativos a las acciones de defensa, y reconoce de manera expresa las ya conocidas Acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, y de Inconstitucionalidad, estableciendo además por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico las Acciones de Cumplimiento y Popular.
La primera diferencia que se puede advertir respecto de la Constitución de 1967, es el cambio de denominación que ha operado, puesto que ahora las garantías jurisdiccionales para la tutela de los derechos fundamentales y demás garantías normativas, pasan a llamarse “Acciones” dejando atrás el nombre de “Recursos”.  
Con lo que la Constitución en vigor, se adhiere a aquellas constituciones y criterios doctrinales que asignan a las mencionadas garantías jurisdiccionales, la naturaleza jurídica que corresponde a la “acción” y no al “recurso”, siendo este último un medio de impugnación de actos o resoluciones, mientras que la primera, a decir del profesor de profesores James Goldschmidt, se constituye en aquel poder jurídico de excitar y promover el ejercicio de la jurisdicción, que en este caso no es otra que la jurisdicción constitucional.
Sin embargo, la denominación no es el único ni el principal cambio que se ha producido respecto de aquellos instrumentos procesales que permiten la tutela efectiva del ahora vasto catálogo de derechos fundamentales. Así por ejemplo, en el caso de la acción de libertad, anteriormente llamada con su nombre tradicional de “hábeas corpus”, el constituyente ha decidido extender su ámbito de protección, y actualmente resguarda no sólo la libertad física o personal, sino también la propia vida, siendo competentes para conocer de esta acción los jueces y tribunales en materia penal.
Por su parte, la acción de amparo constitucional, reservada para la tutela de derechos y garantías distintos de los comprendidos por la acción de libertad, es ahora atribución de cualquier juez o tribunal competente, debiendo recordarse que no existe juez o tribunal que no goce en alguna medida de competencia, por lo que para evitar desórdenes y malas interpretaciones, corresponderá que la Ley determine específicamente cuáles serán las autoridades encargadas de sustanciar y resolver esta acción. Asimismo en observancia del principio de inmediatez que caracteriza la acción de amparo, la actual Constitución, a diferencia de la anterior, establece el plazo máximo de seis meses para su interposición, computable desde la fecha en que se cometió o notificó la vulneración que motiva la acción.
En relación al anteriormente denominado recurso de “hábeas data”, no existen diferencias sustanciales, salvo la actual denominación de acción de protección de privacidad.
Respecto de la acción de constitucionalidad, parece ser que ésta será equivalente o al menos cumplirá fines similares a los del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, puesto que el texto constitucional vigente concede legitimación activa para plantear esta acción, a la persona individual o colectiva afectada por la norma jurídica incompatible con la Constitución, para lo cual la Ley establecerá los requisitos, presupuestos y procedimientos aplicables.
Asimismo, cabe aclarar que esta acción es distinta de la acción directa o abstracta de inconstitucionalidad, que solamente puede ser interpuesta por la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, conforme al artículo 202 de la Constitución en vigor.
La nueva acción de cumplimiento procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, debiendo cumplirse en su tramitación las formalidades y los procedimientos establecidos para la acción de amparo constitucional. En el ámbito del derecho comparado, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, esta garantía jurisdiccional se instauró hace más de una década y es aplicable no sólo para el caso de incumplimiento de la Constitución o la Ley, sino también cuando se verifica el incumplimiento de lo dispuesto por algún acto administrativo, siempre que con dicha omisión se afecte algún derecho constitucional.
Finalmente, la acción popular, regulada por los artículos 135 y 136 de la Constitución, puede ser promovida contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas, siempre que se hubiera verificado la violación o se amenace con violar derechos e intereses de carácter esencialmente colectivo, tales como aquellos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza.
Para esta última acción no rige el principio de subsidiariedad, toda vez que no es necesario que primeramente se agote la vía judicial administrativa que pudiera estar expedita; sin embargo, el plazo para su interposición está estrictamente limitado al tiempo que dure o subsista la violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos. La legitimación activa de accionar corresponde en calidad de derecho a cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, y como deber jurídico al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo, cuando estas autoridades conocen de las vulneraciones en el ejercicio de sus funciones.
Las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa previstas por la Constitución se encuentran plenamente vigentes desde el 7 de febrero de 2009; sin embargo, existen evidentes vacíos legales que deberán ser suplidos mediante Ley, a efectos de evitar que el ya desordenado período de tránsito constitucional que vivimos, continúe complicándose, e impida o desnaturalice definitivamente la tan reclamada tutela judicial efectiva de los derechos humanos, que en nuestro sistema jurídico solamente será posible mediante la concreción urgente de una verdadera jurisdicción constitucional, encomendada por la actual Constitución al hasta hoy inexistente Tribunal Constitucional Plurinacional.
René Claure Veizaga

jueves, 8 de noviembre de 2018


UNIDAD 6: PROCESO Y CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tema Nro. 2


LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA


En determinados momentos, generalmente como respuesta a situaciones de aguda crisis, las sociedades expresan su voluntad de reformar totalmente su constitución  de acuerdo a contrato social que las une, para que responda de manera más adecuada los cambios de la propia sociedad y a los intereses y expectativas de los distintos sectores que la integran. Eso es lo que ocurría  a principios de la primera década del siglo XXI en Bolivia.
           
En este contexto, la Asamblea Constituyente es el mecanismo participativo y democrático establecido por la Constitución Política del Estado para llevar adelante la reforma total de la propia Constitución.
           
Este mecanismo, junto a otras normas, fue introducido en nuestra Constitución por la reformas constitucionales de 2004.

Aunque en el texto de la Constitución reformada no existe una definición específica de esta forma de participación ciudadana, en materia jurídica se reconoce que la Asamblea Constituyente es un espacio de deliberación cuya finalidad exclusiva es reunir a representantes de diversos sectores de la sociedad elegidos democráticamente, quienes, luego de discutir y llegar a acuerdos, redactan el texto de una nueva Constitución Política del Estado. Una vez cumplida esta tarea, la Asamblea se disuelve.

 Es así que, el 6 de agosto de 2006, se instala la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y moldear un Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal. La Asamblea Constituyente tiene 255 asambleístas con una importante representación de indígenas. La Paz tiene 52, Chuquisaca 23, y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales 142 asambleístas. El resto de las fuerzas tiene 113 asambleístas.


Tras una serie de conflictos políticos que polarizan el país entre partidarios del Gobierno y seguidores de las demandas de autonomía departamental y capitalía para Sucre, afincados principalmente en el oriente boliviano, en 2008  en la ciudad de Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, se aprueba la Constitución Plurinacional que posteriormente es modificada por el Congreso y refrendada por la población en un referéndum. El referendo constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero de ese año. La nueva constitución fue aprobada con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.

  La principal  característica de esta Asamblea Constituyente   radicó en que, por primera vez en la historia de nuestro país, estaban reunidos en una asamblea representantes de todos los sectores del país, sectores históricamente marginados tenían voz y voto en la  asamblea,  es decir, los pueblos originarios, los afrobolivianos, los interculturales y  todos  los sectores sociales  de nuestro país, mostrando y reflejando la característica pluricultural y multiétnica de nuestro país. Se espera que  a pesar de los desacuerdos y la polaridad surgida en este espacio deliberativo, la  difícil redacción del texto de  una nueva  Constitución, ella  sea la base y fundamento para mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos, lograr el  ansiado desarrollo económico y humano, la justicia social y sobre todas las cosas construir un nuevo país que lleve en alto el estandarte de la  unidad, por encima de sentimientos de regionalismo, sectarismo, racismo y otro tipo de expresiones que actualmente desintegran y polarizan  la unidad de los bolivianos.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009

La Constitución Política de Bolivia es el decimoséptimo texto constitucional en la historia republicana de dicho país. El texto constitucional se divide en cinco amplias partes:
  • Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías
  • Segunda Parte: Estructura y Organización Funcional del Estado
  • Tercera Parte: Estructura y Organización Territorial del Estado
  • Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado
  • Quinta Parte: Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución
Cada parte se divide en títulos y éstos en capítulos. Algunos capítulos también están divididos en secciones. En total la constitución cuenta con 411 artículos.
 Los cambios fundamentales que registra la nueva constitución en comparación a la anterior se da en los siguientes ámbitos:

1.    Reconocimiento indígena

 La nueva constitución establece principalmente:
·         Una cuota de parlamentarios indígenas, la que se establecerá por circunscripciones a definirse por ley.
·         Un sistema judicial indígena campesino, al mismo nivel que la justicia ordinaria, junto con un nuevo Tribunal Constitucional plurinacional que tendrá que elegir miembros de los dos sistemas.
·         El derecho a la autonomía y el autogobierno indígena, junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones.
·         Propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad.

2.    Autonomía y organización territorial

En la constitución se establecen cuatro niveles de administración: departamental (en departamentos), regional (en provincias), municipal (en municipios) y territorios indígena originarios campesinos. La nueva autonomía implica además la elección directa de las autoridades y el derecho a administrar sus recursos naturales. En contraparte, la oposición ha señalado que estas reformas dividen al país en 36 territorios, junto con restarle a los departamentos sus competencias autonómicas.

3.    Administración de tierras y latifundio

La nueva constitución prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. No se permitirá la apropiación de más de cinco mil hectáreas de terreno.

4.    Derechos

La nueva constitución reconoce en casi 100 artículos los derechos de los grupos sociales del país, incorporando un lenguaje de género que iguala en condiciones a bolivianas y bolivianos. Entre las novedades, establece como servicios básicos el agua potable, alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el servicio postal y los servicios de telecomunicaciones, estableciendo como una responsabilidad del Estado la provisión de estos servicios, aunque algunos podrán ser proveídos mediante empresas privadas. Además, convierte el acceso al agua y el alcantarillado en derechos humanos, siendo estos servicios que no serán objeto de privatización o concesión.

5.    Economía

En el nuevo texto se establece un modelo económico social y comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y sociales cooperativas, que garantiza la iniciativa privada y la libertad de empresa y establece como uno de los roles de las organizaciones estatales administrar los recursos naturales y sus procesos asociados, junto con los servicios públicos que la constitución establece como derechos.

Respecto a la inversión privada, se pasa a privilegiar la nacional frente a la extranjera, y promueve en la economía cooperativa la participación de cooperativas y grupos sin fines de lucro.

6.    Estado

Se establece a Bolivia como un estado plural y unitario. El estado pasa a organizarse en cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Bolivia también pasa a convertirse en un «estado pacifista» que rechaza la guerra, aunque se reserva el derecho a la «legítima defensa». El texto constitucional prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Se establece que la constitución es la norma suprema del estado boliviano, y se declaran como idiomas oficiales a 36 lenguas indígenas además del español. Todos los gobiernos departamentales del país deberán utilizar, como idiomas oficiales, una de éstas lenguas además del español.

La constitución asigna el papel de capital del país a Sucre, no señalándose a La Paz en el texto. Sin embargo, y debido a que el Palacio Quemado (sede del poder ejecutivo boliviano) se encuentra en La Paz, esta última pasa a convertirse en la capital administrativa de facto, mientras que Sucre pasa a ser la capital oficial.

7.    Recursos Naturales

Los recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del Estado. Respecto a los hidrocarburos, su administración y las ganancias producidas con ellos se convierten en propiedad del Estado.

8.    Religión

A diferencia de la constitución anterior, en la actual la religión católica pierde su carácter de oficial. Se establece la libertad de religión y credo, y la independencia del estado de la religión. La Iglesia Católica del país ha señalado que este artículo pone en riesgo la espiritualidad del pueblo de Bolivia.

El texto establece el derecho a la vida, pero sin especificar si éste aplica desde la fecundación, lo que a criterio de grupos conservadores podría permitir la legalización del aborto.

9.    Elecciones

El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. El nuevo mecanismo sustituirá al anterior, el que establecía una votación por parte del Congreso Nacional para decidir al candidato ganador. La constitución también establece la figura de la revocación, permitiendo someter a referendo algún cargo que esté objetado.

El texto incluye además el requerimiento de referendos populares para aprobar algunos temas sensibles.

Coca

Un cambio importante en la nueva constitución es la introducción de todo un artículo dedicado a la coca. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley.

BIBLIOGRAFÍA

·         DERMIZAKY, Pablo, “Derecho Constitucional”
1995                                Edit. Serrano, Cochabamba – Bolivia


·         Constitución Política del Estado
      2006
          
·         PEÑALOZA, Orlando, “Cívica 1º”
           2002                       Edit. Don Bosco, La Paz - Bolivia 

·         CORTE NACIONAL ELECTORAL; Asamblea Constituyente
                        2006                                           La Paz, Bolivia

·         Wikipedia















UNIDAD 6: PROCESO Y CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Tema 1: La derrota del Neoliberalismo:
Efectos de La Guerra del Agua, del Gas, Jornadas de “Octubre Negro”.


1.      Consideraciones iniciales

A  la llegada del nuevo siglo Bolivia había  entrado en una profunda crisis estructural de su sistema político,  social y económico, el sistema neoliberal que estaba vigente por más de 20 años no pudo resolver los problemas más estructurales del país, la crisis económica, el desempleo, la desigualdad, la corrupción, el contrabando, el narcotráfico, la exclusión y la marginación de los sectores más empobrecidos  eran la característica más importante de  Bolivia a inicios del siglo XXI. Todos estos problemas fueron el “caldo de cultivo”  para el surgimiento de líderes  y el protagonismo de sectores  como  los pueblos indígena originarios, la clase proletaria,  lo llamados interculturales, los afro livianos  y otros que “prepararían  el terreno” para la caída del neoliberalismo y el surgimiento de un nuevo sistema político, económico y social  que hoy en Bolivia y en varios países de América Latina se conoce con el nombre de Socialismo del Siglo XXI.

Para hacer un análisis adecuado de las temáticas  a tratarse en este acápite es necesario definir algunos conceptos inherentes  al mismo  como:

2.      ¿Qué es el neoliberalismo?

Es un sistema político y económico vigente en el mundo entero, con algunas excepciones y que tiene su origen en el liberalismo propuesto en el siglo XIX por Adam Smith. Considera que en la economía existen fuertes tendencias auto-reguladoras, por lo que exige la libertad de contratación, aumentar los niveles de producción, reducir el sector público y liberalizar los precios. Este pensamiento económico y político es liderado por M. Friedman

De esta manera los Estados se reforman, puesto que reducen su accionar productivo para tener que sobrevivir de los impuestos, de las donaciones, de los créditos blandos, pero manteniendo siempre responsabilidades específicas que cumplir en las áreas de infraestructura básica: Educación, salud, deporte, cultura y otras.

El neoliberalismo es una política económica que defiende el libre mercado capitalista, como la mejor forma de hacer  crecer económicamente  a un país, reduciendo de esta manera cualquier intervención estatal. Su principal característica es la ley de la oferta y la demanda.

 Los organismos que sostienen financieramente el modelo neoliberal son:
-          Fondo Monetario Internacional (FMI)
-          Banco Mundial (BM)
-          Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
-          Grupo Consultivo de París
-          Organización de las Naciones Unidas (ONU)
-          Organización de Estados Americanos (OEA)
-          Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
-          Organización Internacional del Trabajo (OIT)
-          Organización para la Agricultura y  Alimentación (FAO)
-          Organización Mundial de la Salud (OMS)

3.       Acontecimientos que provocaron el fin del neoliberalismo en Bolivia

Los principales  acontecimientos que provocaron la finalización del periodo neoliberal fueron la guerra del agua y las jornadas de octubre con la guerra del gas.

A)     La Guerra del Agua

La guerra del agua Bolivia es uno de los episodios clave en la historia de los levantamientos populares del país.

En el año 2000, el gobierno boliviano estaba inmerso en pleno proceso de privatización de empresas públicas. Las líneas aéreas estaban ya vendidas, al igual que el servicio de trenes y el suministro eléctrico. Todas las elucubraciones apuntaban al agua y al sistema sanitario como el siguiente en caer en manos privadas. Los rumores no tardaron en llegar a Cochabamba, la tercera ciudad del país, que temía los efectos de que el servicio de aguas acabara en manos de un consorcio internacional.

Los temores no eran infundados: la privatización trajo consigo incrementos de tarifas del 200%, unidos a una nueva legislación que limitaba el control de las autoridades locales sobre los recursos. Este combustible fue más que suficiente para encender la mecha de la guerra del agua en Bolivia. El levantamiento popular, que duró varios meses, obligó finalmente a las autoridades a dar marcha atrás.

La gota que colmó el vaso

Sin embargo, la guerra del agua en  Bolivia que empezó el 4 de abril del 2000 no se puede contemplar como un fenómeno aislado, sino como el resultado de una serie de privatizaciones que habían generado un fuerte malestar entre la población. Las subidas abusivas de las tarifas de servicios esenciales no habían pasado desapercibidas, mientras que la privatización del agua fue el punto culminante para encender la mecha de las movilizaciones. Los disturbios dejaron tras de sí una víctima mortal y varios heridos, y sólo se disolvieron cuando el gobierno boliviano accedió a dar marcha atrás en la concesión a Aguas del Tunari[1].

La intensidad de las protestas se incrementó a medida que se dejaba patente la ineficacia del gobierno de Hugo Banzer. Por su parte, las autoridades optaron por intensificar la represión, arrestando a los líderes de las protestas y declarando el estado de sitio en todo el país. La guerra del agua Bolivia se convirtió en una hazaña popular que sembró el camino para la lucha por los derechos civiles[2].

B)      La guerra del Gas

La guerra del gas es un nombre que se dieron a los conflictos desde septiembre a octubre del año 2003, relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.

Antecedentes en el gobierno de Quiroga

El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879 - 1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinan a la opción peruana dicen que también beneficiaría la economía de la región norteña de Bolivia por donde pasaría el gasoducto.

Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso la ejecución del gasoducto dejándoselo a su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el puerto chileno.

Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero que ganó las elecciones presidenciales de 2002, indicó su preferencia por la opción del puerto de Mejillones. Pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto.

Durante el año 2003, se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la estatalización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país, destacándose los dirigentes indígenas Evo Morales, (dirigente sindical cocalero del trópico de Cochabamba) y Felipe Quispe (dirigente campesino del norte paceño)
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Los planes

La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF habían pronosticado una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno, el precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y las ganancias aproximadas eran de mil millones de dólares de los cuales el estado Boliviano solo recibía del 18% es decir 180 millones de dólares por año. (En comparación hoy el estado de Bolivia recibe cuatro mil millones de dólares por año).

Los planes, pasaban por exportar el gas por Chile, y vender a bajo costo gas a California y a México, ante una absoluta soberbia Gonzalo Sánchez de Lozada ratifica su decisión públicamente cuando en cadena nacional dice “el Estado soy yo” y no pretendía ceder ante los reclamos de la oposición política (liderada por el movimiento al socialismo).

Los peruanos también ofrecían a Ilo, y buscaban una mejor integración pero la historia de Bolivia muestra cómo se han despilfarrado los otros recursos naturales. Ante eso, la población también expresó que en esta última reserva natural de gran valor, no se iba perder la oportunidad de salir de la pobreza, especialmente reclamando por los bajos precios de exportación
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Plan República

"El Plan República", el cual fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de "Secreto de estado", resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003.

El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.

El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre,  Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi  y en otras dependencias militares desde el  8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".

Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.

Conflicto y muerte...Un mes  antes. (“Jornadas de Octubre”)

Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 el 20 de septiembre del 2003 los militares efectuaron represión en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comunarios del lugar, que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los pobladores de la ciudad de El Alto, con la ayuda de pobladores de las provincias paceñas de la zona andina que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.

En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante tremendo clima hostil y ante un presidente que había optado por matar a la población hacen crecer las presiones de renuncia, más al ver compatriotas inocentes muertos. El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el congreso. Las imágenes de televisión mostraban como asumía el presidente Carlos Mesa mientras Sánchez de Lozada abandonaba el país.

Dentro de lo sucedido, la característica principal fue el enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los denominados "movimientos sociales" en un estado de anarquía. En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE encabezaba la resistencia, y la paz se logra después de la renuncia de Sánchez de Lozada.

Cabe destacar que en el afán por mantener la paz y estabilidad, el presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de octubre de 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no se aplica a los ex miembros del Gobierno, sino sólo a los movimientos.

El 18 de julio del 2004 se dio el primer referéndum sobre los hidrocarburos en Bolivia; el proceso pre-referéndum puso en manifiesto problemas nacionales que amenazaban la estabilidad social.  

El sábado 18 de julio del 2004, el 60,06% de los bolivianos hábiles para sufragar participaron en el referéndum.  Los resultados a las cinco preguntas del referéndum que hacían  referencia  a la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada;    la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano; la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la que se proponía una participación activa  del Estado; la política de utilizar el gas como recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico y finalmente  la exportación del gas en el marco de una política nacional[3].

 Los resultados a nivel nacional  dieron como la opción ganadora al “SI”  a estas cinco preguntas con más del 50 y 60 %.

Estatalización de la industria gasífera    
                                                           
En el año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos). Esto significaba que no eran necesarias las alianzas post-electorales. Dentro de las principales promesas del actual presidente estaban la estatalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. El primero de mayo del año 2006 después de negociaciones con las Empresas Transnacionales (quienes nunca habían ratificado sus contratos con el parlamento nacional) se firman nuevos contratos. A partir de la estatalización se incrementan los ingresos por la explotación del gas; primeramente por la Ley aprobada después del referéndum del gas que establecía que un 50% debía pagarse en regalías para el Estado y un 18% por ciento en impuestos. El Estado pasa a ganar del 51% aprobado en el Referendo de 2004 en el gobierno de Carlos Mesa al 82% del negocio del gas. Cabe mencionar que el gobierno cobró el 82% a los megacampos entre mayo y octubre de 2006, es decir solo durante seis meses. A fines de octubre se firmaron los “nuevos” contratos” que mantuvieron el tiempo original de concesión de los campos, las mismas parcelas, etc. A partir de entonces el porcentaje básico es de 50% de los impuestos aprobados por el pueblo en el Referendo de 2004, sin embargo de acuerdo a cada campo y en función de cálculos específicos, podemos decir que los megacampos dejaban algo más del 60%, pero ni en sueños el 82%.
Finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían ser estatalizadas. El aviso fue realizado para coincidir con el día del trabajo, el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB que, durante la firma, ocuparan y aseguraran las instalaciones gasíferas. Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como “período de transición” para renegociar los contratos, o si no serían expulsadas del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la estatalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno llegarían hasta los $780 millones el año siguiente, creciendo casi seis veces si se las compara con el año 2002, esto debido principalmente al enorme incremento del precio de los hidrocarburos[4].


17 de OctubreDía de la Dignidad Nacional”: (Bolivia acabó con el modelo neoliberal el 17 de octubre de 2003)
El 17 de octubre del 2013 el presidente Evo Morales dictó un decreto supremo instituyendo esta fecha como el “Día de la Dignidad Nacional”,  al respecto hacía las siguientes apreciaciones recogido por la prensa nacional e internacional:
 
"Hoy día estamos promulgando una ley que declara el 17 de octubre como el Día de la Dignidad Nacional. Ese 17 de octubre de 2003 acabamos con un modelo neoliberal que estaba regalando la Patria, rifando la Patria", declaró Morales desde la ciudad de El Alto ubicada en el departamento de La Paz. “… Este 17 de octubre es un día importante para recordar como luchamos, nos organizamos y concientizamos para entender lo que estaba pasando en Bolivia (...) Teníamos que recuperar la Patria, nuestros recursos naturales y dignificarlos", expresó Evo Morales al cumplirse 10 años de la guerra del gas.

 En el marco del Día Nacional de la Dignidad, el presidente de Bolivia Evo Morales, aseguró que el país no sólo ha recuperado la nacionalización del gas, sino también la nacionalización del litio y del agua, "porque la empresa del Estado debe estar al servicio del pueblo", con esto, dijo, "hemos nacionalizado y refundado Bolivia", sentenció.[5]



[1] EL 7 de abril, fue un Viernes, primer Viernes de Abril del 2000, un día de mucha lucha, detenidos por la policía, engañados por el gobierno que dijo que se cambiaba la Ley y se iba Aguas del Tunari. Al final, al anochecer de ese día, allanaron la casa de mis padres, dispararon cuatro veces para asesinarme, yo no estaba ahí, mis padres pusieron el pecho a la prepotencia y a la violencia. El 8 y 9 de abril…de aquel 2000, se declaró el estado de Sitio y como jamás había pasado, la gente no se fue a sus casa, salió con más fuerza…los militares y policías tuvieron que irse a sus cuarteles y para salir debían pedir permiso a la gente en las calles, algunos prestaron sus ropas de “civil” a los soldados…Fueron tomados presos y confinados varios compañeros y compañeras, unos “con razón”, otras personas fueron infiltradas. Asesinaron a Víctor Hugo Daza, un joven que pasaba casualmente por la calle Brasil, asesinaron a cuatro indígenas aymaras en Omasuyos, a 400 Km. de distancia, también peleaban por las aguas y sus demandas.
EL 9 y 10 de abril…las calles llenas de gente, de alegría, de fortaleza, de vigor, de ánimo….el gobierno no tuvo otro remedio que “buscarnos” para llegar a “acuerdos”, no había tales la decisión popular estaba tomada: se iban la Bechtel, Edison y Avengoa y se cambiaba la ley, en base a la propuesta de los hermanos Regantes, era el 12 de abril del 2000.(Miembro de la Coordinadora del Agua)
[2] http://www.constituyente.bo/actualidad/la-guerra-del-agua-de-cochabamba/

[3] http://carlosdmesa.com/2013/02/07/el-referendo-sobre-hidrocarburos-referendum-del-gas-de-18-de-julio-de-2004/ http://carlosdmesa.com/2013/02/07/el-referendo-sobre-hidrocarburos-referendum-del-gas-de-18-de-julio-de-2004/
[4] http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Gas_(Bolivia)